Tailandia se ha convertido en el último país del sudeste asiático en considerar la legalización de los casinos. Los funcionarios del gobierno anunciaron un proyecto de ley que se tramitaba en el parlamento la semana pasada con la aprobación del gobierno.
El país ya es popular entre los turistas y algunos conocedores del juego creen que agregar un casino podría hacerlo aún más atractivo. Thavisin y su administración ven la legalización de los casinos como una forma de impulsar la economía de un país con casi 72 millones de habitantes. Las carreras de caballos y la lotería son las únicas formas legales de juego actualmente, pero los casinos clandestinos y las apuestas deportivas son un problema constante, según los informes.
“Tenemos que admitir que hay juegos de azar ilegales en el país. Estamos tratando de deshacernos de ellos, pero no se puede eliminar, por lo que tenemos que repensar y ver que es hora de hacerlo”, dijo el viceministro de Finanzas, Julapun Amornvivat.
El juego en Tailandia
Los juegos de azar han demostrado ser populares en muchas partes de Asia, y varios países han tomado medidas para satisfacer esa demanda en las últimas dos décadas, incluidos Corea del Sur, Singapur, Camboya, Filipinas y otros.
Los partidarios del proyecto de ley señalan la pérdida de ingresos fiscales a medida que los jugadores tailandeses cruzan regularmente la frontera para apostar en países vecinos o aprovechar opciones clandestinas.
En Tailandia solo hay casinos clandestinos.
“Podemos regular la economía sumergida y recaudar impuestos”, señaló el primer ministro Srettha Thavisin sobre el tema. «No queremos promover el juego, sino supervisarlo y utilizar la inversión para crear empleo».
El parlamento tailandés ya aprobó una propuesta para comenzar a estudiar el tema, que incluye la posibilidad de agregar complejos más grandes de entretenimiento y estilo resort que también incluirían lugares de música y deportes. No se incluyó el número de casinos que se permitirían, pero el plan exige que las salas de juego estén dentro de un radio de 100 kilómetros (62 millas) de los aeropuertos.
El plan también utilizaría empresas privadas como se ve en Japón y otros países, en lugar de un enfoque administrado por el gobierno como ocurre con la industria de las carreras de caballos del país. Sin embargo, el plan ha encontrado cierta resistencia entre los miembros conservadores del parlamento.