Buscando una reforma integral que incluye el regreso a la actividad de los casinos, el Gobierno de Ecuador dio a conocer este miércoles las 11 preguntas que el presidente, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional para viabilizar su propuesta de consulta popular. La Corte deberá emitir en los próximos días un dictamen de constitucionalidad sobre la legalidad de los once interrogantes que plantea el mandatario sobre seguridad, justicia y empleo.
La consulta popular forma parte de uno de los ofrecimientos de campaña de Noboa para promover reformas que permitan reforzar el combate al crimen organizado, replantear el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad, promover el empleo y retomar actividades económicas en el país.
Entre las 11 preguntas se incluye una con la que el primer mandatario busca que los casinos y otros negocios de juegos de azar vuelvan a funcionar. Justamente es la última del listado, que dice: «¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?
Cada pregunta contiene anexos puntuales sobre los que se basa la propuesta del presidente Noboa, sus especificaciones y limitaciones y donde se proponen las reformas legales que permitan viabilizar las propuestas.
Está previsto que el presidente Daniel Noboa se pronuncie en cadena nacional este miércoles para informar detalles de su propuesta de consulta popular una vez que la Corte Constitucional avoque conocimiento, según informó la Secretaría de Comunicación a CNN.
La eliminación de los casinos en Ecuador se planteó en la consulta popular del 7 de mayo de 2011, impulsada por el expresidente Rafael Correa. En ese momento, el exmandatario aseguró que el objetivo de eliminar los casinos era crear «un ambiente más sano» para los jóvenes y evitar que por «el vicio del juego» los padres de familia perdieran sus ingresos.
Incluso, el funcionamiento de casinos, salas de juego o casas de apuesta en el país está tipificado como un delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado en octubre de 2013. Las personas que administren este tipo de negocios pueden enfrentar una pena privativa de libertad de uno a tres años y una multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.
Depende del resultado de la consulta popular, esta corriente puede volver a los cauces anteriores.
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