La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó definitivamente el proyecto que modifica el marco regulatorio del juego en el país. La iniciativa, denominada “que modifica y amplía la Ley N° 1.016/1997, que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar”, había vuelto a la cámara baja tras ser aprobada con modificaciones por el Senado. Los legisladores admitieron los cambios y enviaron el documento al Poder Ejecutivo para su aprobación final.

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El nuevo modelo plantea una liberalización del mercado, “eliminando los monopolios existentes, permitiendo una mayor competencia y diversidad de oferentes, a nivel nacional, departamental y municipal”.

Entre los cambios más destacados está la reestructuración de la Comisión Nacional del Juego (Conajzar), que ahora funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). De esta manera, se incrementan los ingresos fiscales generados por los juegos de azar, gracias a la optimización de los mecanismos de recaudación y fiscalización. La reforma posiciona a la Conajzar como un organismo más sólido y activo en la supervisión y gestión de las actividades de juego en todo el país.

La industria del juego en Paraguay se moderniza

Las reformas aprobadas forman parte de un esfuerzo más amplio para modernizar el sector de juegos de Paraguay. Los legisladores destacaron la importancia de alinear los marcos regulatorios con las mejores prácticas internacionales para atraer inversiones, garantizar la transparencia y maximizar la contribución de la industria a los fondos públicos.

Palacio legislativo de Paraguay.

Un aspecto central de las reformas es el objetivo de optimizar los ingresos fiscales generados por el juego, una industria con un potencial económico considerable.

Uno de los aspectos transformadores de la nueva legislación es la liberalización del mercado del juego. La ley propone la eliminación de los monopolios que históricamente han dominado el sector, abriendo paso a una mayor competencia entre los operadores.

Se espera que esta medida diversifique el mercado, permitiendo que más postores participen a nivel nacional, departamental y municipal.

Los defensores argumentan que una mayor competencia mejorará la calidad del servicio, impulsará la innovación y proporcionará un sistema más justo tanto para los operadores como para los consumidores.