El actual gobierno de México está dando nuevos pasos en su promesa de regular los juegos de azar en el país con la aprobación de un nuevo decreto que modifica el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. La reforma más destacada en este documento es la eliminación de algunos aspectos que inhabilitarán a las tragamonedas.

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Dicho decreto fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador la última semana para entrar el vigor desde el mismo 17 de noviembre. El mandatario azteca ha sido firme en declararla la guerra a los casinos desde que llegó al poder y ahora, con poco más de un año para que termine su legislatura, parece que lo está cumpliendo.

Andrés Manuel López Obrador no quiere más casinos en México.

La modificación tiene como objetivo principal «reglamentar las disposiciones de la Ley de Juegos para la autorización, control, vigilancia e inspección de los juegos cuando en ellos medien apuestas, así como del sorteo en todas sus modalidades, con excepción de los sorteos que celebre la Lotería Nacional», según se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

La Secretaría de Gobernación (Segob) expone que se derogó el artículo que permitía los sorteos de números o símbolos a través de máquinas tragamonedas, reconociendo únicamente como legales los sorteos organizados por la Lotería Nacional. Esto quiere decir que dichas máquinas no podrán ser utilizadas ya que de eso se trata su oferta de juego.

No más licencias en México

A partir de esta reforma, el gobierno dejará de otorgar nuevos permisos para la apertura de establecimientos con máquinas tragamonedas. Los permisos actuales se respetarán hasta su término, pero los casinos existentes con esta oferta de juego no tendrán la posibilidad de ampliar la licencia.

La regulación también abarca los permisos para el cruce de apuestas en diversos espacios, como los hipódromos o ferias, con una vigencia mínima de un año. Además, se cancelan los permisos no utilizados por los operadores.

La Segob argumenta que las tragamonedas son una «fuente de corrupción de menores» y una «adicción que abre la puerta a la delincuencia», destacando la existencia de una red de delincuencia organizada detrás de su uso e instalación.