La industria del juego en México enfrenta un desafío legal importante con seis amparos presentados ante el Poder Judicial para impugnar el decreto presidencial del finales 2023 donde se prohíbe la entrega de nuevas licencias para la operación de máquinas tragamonedas y establece restricciones adicionales, lo que generó preocupación en el sector.

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Dichos amparos suman más de una docena de operadores de casinos y salas de juego en el país y algunos de ellos ha logrado seguir ofreciendo las máquinas tragamonedas mientras se resuelve la constitucionalidad del decreto.

La reforma al reglamento de la ley permite a más de 4oo casinos seguir ofreciendo esta opción de juego durante la vigencia de sus permisos. Sin embargo, aquellos que pretendan abrir nuevas salas ya no podrán contar con estas máquinas.

El principal gremio de la industria sostiene que las tragamonedas representan la principal fuente de ingresos para los casinos de México, al mismo tiempo que generan la mayor recaudación de impuestos en el sector, incluso más que las apuestas deportivas.

Los juicios de estos amparos podrían extenderse por aproximadamente un año y también podrían terminar en un criterio que se determinó en 2016 cuando se concluyó que aunque dichas máquinas pueden considerarse como un «sorteo«, no violan la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Algo que siempre salta en la discusión pública del sector es que la actual legislación data de 1947 y los principales actores sostienen que se debería unir fuerzas entre el gobierno, el Poder Legislativo y la industria para proponer una nueva iniciativa de ley en vez de emitir regulaciones unilaterales mediante el reglamento.